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Bogotá, 24 de junio de 2010
EL TLC CON CANADÁ ES UNA MALA NOTICIA PARA COLOMBIA
Contrario a la euforia del gobierno de Uribe Vélez, tras la aprobación del TLC con Canadá, que repiten como loros los medios de comunicación colombianos de propiedad de multinacionales extranjeras, ese Tratado es una mala noticia para el pueblo colombiano.
Es mentira que las ventas de Colombia a esa nación se van a incrementar porque se abre la posibilidad de un gran mercado, como lo afirma el Ministerio de Comercio. Las exportaciones a Canadá no son ni el 1% del total nacional, y si no exportamos más no es por ausencia de un TLC, sino porque no producimos lo que a los canadienses les interesa comprar. Más del 70% de lo que le exporta Colombia a Canadá son productos primarios, sin valor agregado, que a la postre serán los mismos que seguirá vendiendo; y en contraprestación, el 70% de lo que importa desde Canadá son bienes industriales. Pero –además– para completar, el comercio entre estos dos países siempre ha beneficiado a Canadá. La balanza comercial entre las dos naciones en los últimos quince años ha acumulado un déficit para Colombia de 3.334 millones de dólares.
En realidad el objetivo del TLC no es comercial sino el de proteger la inversión de las multinacionales canadienses, especialmente las que están vinculadas con actividades de extracción minera y petrolera. Se sabe, incluso, que la reforma al código de minas de 2009, que convierte a Colombia en un enclave minero del capital extranjero, fue financiada por la Agencia Canadiense para el Desarrollo (CIDA por sus siglas en inglés), según lo denunció el parlamentario de esa nación, Bernard Bigras, el 26 de mayo de 2009. También lo corroboró el Departamento de Finanzas de Canadá en una intervención en el parlamento el 16 de abril de 2008, por la señora Carol Nelder: “Colombia es un destino importante para la inversión Canadiense. Nuestra embajada estima que vale tres mil millones de dólares. Estas inversiones, particularmente en los sectores extractivos, han abierto el camino para otras exportaciones, por ejemplo de maquinas y equipo minero”. Este es el objetivo principal del TLC, en el marco de una política oficial para saquear los recursos naturales de los colombianos y explotar la mano de obra, impidiendo el progreso científico y tecnológico del aparato productivo nacional.
Estas empresas canadienses son cómplices de las violaciones a los derechos humanos, con su accionar contra los trabajadores, campesinos, mineros artesanales y contra el interés general de la población colombiana. Entonces ¿qué es lo que se va a verificar en el supuesto informe sobre derechos humanos que está obligado a rendir Colombia ante el gobierno canadiense en el marco del TLC? Ni siquiera para mantener el ‘show’, porque terminarían muy mal paradas las compañías canadienses.
Como de lo que se trata es de negocios, el parlamento canadiense, con la excepción del Nuevo Partido Democrático y el Bloque Quebequense, decidió jugársela por el respaldo a Uribe y, de esta forma, se convierte en el único país en aprobarle un TLC y legitimar al gobierno colombiano y su interminable lista de violaciones de los derechos humanos, sindicales, de persecución y aniquilamiento de la oposición a través del DAS, de ejecuciones extrajudiciales, de vínculos de sus alfiles con el paramilitarismo, y todos los demás hechos que han escandalizado a sectores democráticos en el mundo y que tienen congelado desde el año 2006 la aprobación del TLC con Estados Unidos.
Desde la resistencia pacífica y la movilización le corresponde al pueblo colombiano seguir luchando para que ni ese, ni ningún otro TLC pueda ser ratificado e implementado, en contra de los intereses de las mayorías de los colombianos.